La captura
de Adolf Eichmann por agentes israelíes y su posterior traslado a Jerusalén, a
mediados de 1960, provocó lo que Hannah Arendt llamó “el primer intento serio”
de la República Federal Alemana por juzgar a sus ciudadanos involucrados en el
exterminio de judíos. En los meses posteriores a la captura, el gobierno de
Bonn detuvo y procesó a una serie de criminales que, pese al conocimiento
público que existía sobre su participación en el Holocausto, vivían libres y sin
necesidad de identidades falsas. Entre los requeridos se encontraba Walther
Rauff, ex oficial SS acusado del asesinato de decenas de miles de personas con
el método de los “camiones de la muerte”. Su detención se hizo efectiva en
diciembre de 1962, cuando la Policía de Investigaciones lo aprehendió en la
ciudad de Punta Arenas, dando inicio a uno de los procesos de extradición más
importantes de la historia judicial chilena.
La
tarea de encontrar a Rauff no supuso mayor dificultad para las autoridades
chilenas. El martes 4 de diciembre de 1962, apenas un día después de que el
Ministerio de RR.EE. hiciera llegar a la Corte Suprema la solicitud de
extradición alemana, éste fue detenido en su domicilio y trasladado vía aérea a
la Cárcel Pública de Santiago, donde fue puesto a disposición del ministro
Rafael Fontecilla, Presidente de la Corte Suprema y juez instructor de la
causa. Rauff llevaba tres años viviendo con su nombre verdadero y acompañado de
su familia en Punta Arenas, donde trabajaba para una conocida empresa de
importaciones y participaba de las actividades sociales de la colectividad
alemana.
El
tribunal en lo penal de Hannover lo acusaba del asesinato de 97.00 personas, en
su mayoría judías, con el método de los “camiones de la muerte” –cuyos tubos de
escape estaban directamente conectados con las cabinas de carga, donde eran
introducidas las víctimas–, método que ideó e implementó desde su posición
directiva en la Sección II-D de la Oficina Central de Seguridad del Reich
(RSHA, por su sigla en alemán). Como destacó en su momento el abogado querellante,
Eduardo Novoa Monreal, las pruebas aportadas por las autoridades alemanas
despejaban cualquier duda sobre la participación directa de Rauff en el exterminio
de judíos.
Tal
como Eichmann, Rauff alegó que era inocente y que habían sido las “circunstancias
históricas” las que lo habían convertido en un “instrumento” del aparato de
exterminio nazi. Según él, sólo se había limitado a obedecer las órdenes de sus
superiores. No obstante, a la justicia chilena no le correspondía juzgar su
culpabilidad en los delitos que se le imputaban, sino determinar la procedencia
de la extradición solicitada por Alemania Federal. En consecuencia, la
estrategia del abogado defensor Enrique Schepeler se basó en la prescripción de
la acción penal.
Tras
la comparecencia de Rauff ante el ministro Fontecilla, correspondió al Fiscal
de la Corte Suprema, Urbano Marín Rojas, pronunciarse sobre la materia. Bajo el
argumento de que los delitos en cuestión habían prescrito, Marín se opuso a la
extradición e instó al máximo tribunal a denegarla. Como antecedente, aludió al
caso de Manuel Gutiérrez Aracena, ciudadano colombiano requerido por Perú por
el delito de estafa y cuya extradición había sido denegada precisamente sobre
la base de la prescripción. Vale decir, para el Fiscal de la Corte Suprema de
Chile la persecución de delitos comunes sentaba un precedente válido respecto de
crímenes de lesa humanidad como los atribuidos a Rauff.
Esta
no era la primera vez que el fiscal Marín manifestaba insensibilidad respecto de cuestiones relacionadas al Holocausto.
En diciembre de 1939, al comprobarse la existencia de una red de corrupción en
los servicios migratorios chilenos que cobraba coimas a cambio de los visados
para los judíos que huían del Tercer Reich, el presidente Aguirre Cerda encargó
a Marín, en su calidad de Fiscal de la Corte Suprema, encabezar una comisión
investigadora que esclareciera el asunto. En su informe final, Marín declaró
que la inmigración era un “alimento” que fortalecía al país, pero que los
servicios migratorios no estaban preparados para recibir una inmigración
regular “y mucho menos de inmigración israelita, cuyas características son de todos conocidas”. Como consecuencia del
informe, el Gobierno del Frente Popular puso fin a la política de “puertas
abiertas” que hasta ese momento había tenido respecto de la inmigración judía,
impidiendo que más personas se salvaran del exterminio.
Tras
el pronunciamiento de Urbano Marín Rojas, correspondió al Presidente de la
Corte Suprema dictar el fallo de primera instancia sobre la extradición de
Rauff. Considerando que los antecedentes entregados por las autoridades
alemanas despejaban cualquier duda respecto de su culpabilidad, así como el
testimonio del propio Rauff y de sus subalternos, el magistrado acogió la
solicitud con la única condición de que el requerido no fuera ejecutado por
tales delitos. Sin embargo, el fallo de segunda instancia, a cargo de la Primera
Sala de la Corte Suprema, revocó el dictamen del ministro Fontecilla. Aunque
los ministros reconocían que “el exterminio masivo de seres humanos por motivos
raciales constituye la comisión de crímenes alevosos que repugnan la conciencia
jurídica del mundo civilizado”, los delitos imputados a Rauff habían prescrito
y, en consecuencia, no podía ser entregado a la justicia alemana.
La
decisión de la Corte Suprema de Justicia significó que uno de los más
importantes ejecutores de la “Solución Final” quedara libre de castigo, situando
a Chile junto a países como Siria y Egipto, donde numerosos agentes nazis encontraron
refugio tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a ello, Walther Rauff
pudo vivir en total libertad por un cuarto de siglo, desde 1959 hasta su “oportuna”
muerte, en mayo de 1984, cuando una
campaña internacional encabezada por los activistas Serge y Beate Klarsfeld
presionaba a Pinochet para conseguir su expulsión del país. Sin embargo, no fue
sólo la justicia chilena la que quedó en deuda con los Derechos Humanos.
Una
revisión de la prensa chilena de la época muestra que, con excepción del
semanario Mundo Judío, el Caso Rauff
no suscitó un debate público de importancia respecto de la necesidad de
justicia ni muestras de solidaridad hacia las víctimas. Por el contrario,
muestra que la estrategia adoptada por el abogado Schepeler, en orden a que lo esencial
del caso radicaba en la aplicabilidad de la prescripción, fue exitosa no sólo
en los tribunales sino también en los medios de comunicación. Durante los meses
que duró el proceso, la prensa chilena aceptó y reprodujo la posición de la
defensa de Rauff, dejando de lado lo fundamental: la necesidad de hacer justicia.
Dicho de otro modo, para los medios escritos de la época el deber ético de
castigar a un genocida como Rauff –necesidad que, creemos, debió haber atañido
no sólo a los judíos chilenos sino a toda la ciudadanía– estaba subordinada a
cuestiones procedimentales; lo legal
era más importante que lo justo.
Como
señaló Hannah Arendt respecto del juicio a Eichmann en Jerusalén –proceso
objetado a nivel internacional por la supuesta falta de competencia de los
tribunales israelíes para juzgar eventos ocurridos en suelo europeo– creemos
que las posiciones contrarias al procesamiento de Walther Rauff eran excesivamente
formalistas y alejadas de la necesidad de justicia. En tal sentido, los
procedimientos legales, aunque importantes en sí, jamás deberían concitar mayor
atención que la justicia misma, pues ésta constituye el fin último de tales
procedimientos. Esa es una de las lecciones más importantes dejadas por el
Holocausto.
Al
cumplirse medio siglo del Caso Rauff, queremos creer que los avances
experimentados por la sociedad chilena en materia de Derechos Humanos son tales
que no volveríamos a mostrar la indolencia e indiferencia de entonces. Queremos
creer.
